El futuro ya empezado...
martes, 25 de mayo de 2010 | Silvia de Córdoba
La llegada y la permanencia de personas extranjeras es una realidad demográficamente consolidada e institucionalmente reconocida a través de planes y programas en todos los niveles de la administración. Es un hecho y a la vez un proceso de cambio histórico, global y político irreversible, que provoca muchas desorientaciones prácticas y confusiones teóricas y que demanda acciones efectivas. Sus interrogantes producen un efecto espejo que nos obliga a replantear los fundamentos de nuestras formas de organización social de acuerdo con los principios de la democracia y de la justicia.
La construcción de una sociedad inclusiva es de responsabilidad compartida: así la sociedad de acogida deberá reconocer y valorar la necesidad y aporte de las personas extranjeras como ciudadanos de pleno derecho en términos de igualdad y sin discriminación alguna y a su vez, las personas extranjeras buscarán su integración respetando los valores de la Constitución, las leyes y normas sociales de su nuevo país.
Así, este proceso de dos direcciones exige la incorporación de pautas interculturales por parte de los distintos agentes a los fines de garantizar la integración efectiva, la interculturalidad, la comunicación y el respeto de los DDHH. El resultado de esta interacción es la Nueva Sociedad, justa, inclusiva y cohesionada, con nuevas realidades culturales, donde tod@s somos enriquecid@s y transformad@s.
La cohesión social se basa así en los principios constitucionales y el respeto y valoración positiva de lo diverso. Gestionar nuestra diversidad asegurando justicia e igualdad no es ya un «buen asunto», sino un imperativo en un mundo cambiante. Ahora bien, la construcción de nuevo modelo social demanda un proceso de integración mutuo, continuo, dinámico e integral donde se reconozca y valore la diversidad y se desarrollen actitudes y comportamientos de reconocimiento del otro en su diferencia, en todas sus dimensiones a través de la sensibilización procurando promover cambios de actitud y comportamiento y requiriendo acciones positivas para crear oportunidades y medidas que apoyen e inciten a las personas a apropiarse de dichas oportunidades.
Por otro lado, el acceso a la ciudadanía plena requiere que las personas ejerzan sus derechos (al empleo, la vivienda, la educación, la salud…) y puedan contribuir activamente a la construcción de la sociedad y aportar sus valores, perspectivas y capacidades como mujeres, personas de origen extranjero, menores de edad, mayores…
Tags: | 1 comentarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentarios:
La llegada y la permanencia de personas extranjeras es una realidad demográficamente consolidada e institucionalmente reconocida a través de planes y programas en todos los niveles de la administración. Es un hecho y a la vez un proceso de cambio histórico, global y político irreversible, que provoca muchas desorientaciones prácticas y confusiones teóricas y que demanda acciones efectivas. Sus interrogantes producen un efecto espejo que nos obliga a replantear los fundamentos de nuestras formas de organización social de acuerdo con los principios de la democracia y de la justicia.
La construcción de una sociedad inclusiva es de responsabilidad compartida: así la sociedad de acogida deberá reconocer y valorar la necesidad y aporte de las personas extranjeras como ciudadanos de pleno derecho en términos de igualdad y sin discriminación alguna y a su vez, las personas extranjeras buscarán su integración respetando los valores de la Constitución, las leyes y normas sociales de su nuevo país.
Así, este proceso de dos direcciones exige la incorporación de pautas interculturales por parte de los distintos agentes a los fines de garantizar la integración efectiva, la interculturalidad, la comunicación y el respeto de los DDHH. El resultado de esta interacción es la Nueva Sociedad, justa, inclusiva y cohesionada, con nuevas realidades culturales, donde tod@s somos enriquecid@s y transformad@s.
La cohesión social se basa así en los principios constitucionales y el respeto y valoración positiva de lo diverso. Gestionar nuestra diversidad asegurando justicia e igualdad no es ya un «buen asunto», sino un imperativo en un mundo cambiante. Ahora bien, la construcción de nuevo modelo social demanda un proceso de integración mutuo, continuo, dinámico e integral donde se reconozca y valore la diversidad y se desarrollen actitudes y comportamientos de reconocimiento del otro en su diferencia, en todas sus dimensiones a través de la sensibilización procurando promover cambios de actitud y comportamiento y requiriendo acciones positivas para crear oportunidades y medidas que apoyen e inciten a las personas a apropiarse de dichas oportunidades.
Por otro lado, el acceso a la ciudadanía plena requiere que las personas ejerzan sus derechos (al empleo, la vivienda, la educación, la salud…) y puedan contribuir activamente a la construcción de la sociedad y aportar sus valores, perspectivas y capacidades como mujeres, personas de origen extranjero, menores de edad, mayores…
Publicar un comentario